Por Mario Dominguez C.
Enmarcar el debate en las representaciones que la llamada “opinión pública” tiene del conflicto sostenido por el mundo universitario desde hace un tiempo es un buen comienzo para definir los aspectos centrales de la crisis educacional en Chile; síntoma inseparable de los conflictos que en general se desatan en la Chilean way. El proyecto neoliberal ha desencadenado una multiplicidad de heridas que transgreden sin duda alguna los acotados espacios de acción de las políticas públicas emanadas desde un Estado inmerso en la incontrolabilidad frente a un proyecto país...
Y es que la institucionalidad no da a basto; el escenario en el cual se inscribe la lucha de los universitarios rebasa sin duda los márgenes de sus reivindicaciones y plantea problemas que tendrían solución solo en la medida que desde los distintos sectores en conflicto se replanteen cuestiones tan fundamentales como la soberanía nacional, el derecho y el rol de las instituciones públicas en Chile.
El problema de la educación pública se enmarca en un plan de desarrollo para Chile dispuesto por la dictadura militar en 1981 que se denomina “programa de modernización del estado” y este no se limitó a la organización de la economía, sino que contempló también al plan laboral, al régimen previsional, la agricultura, la salud y la educación. El marco de acción de este programa es el neoliberalismo, principio bajo el cual la sociedad se debiese desentender de la figura del derecho como hasta ese entonces se comprendía -un derecho social, público- sino que ponía como eje fundamental el crecimiento de la desregulada economía privada generando, claro está, los niveles de desigualdad e inequidad más grandes en el mundo. La constitución de 1980 cristaliza este concepto.
La crisis de la educación universitaria en nuestro país tiene su génesis en el extrañamiento que el dogmatismo neoliberal provocó en la relación de lo público con lo privado, estos se trastocaron presentándose como contrapuestos y no concibiéndose como aspectos idénticos (cada uno constitutivo en el otro). Desde esta interpretación del rol de la educación superior, las instituciones prestan un servicio que dota al individuo de herramientas para su desarrollo particular, abstrayendo al individuo a un puro “yo” aislado –la ridícula robinsonada dieciochesca que Marx le criticaba a los economistas clásicos –y reduciendo este “desarrollo” a una integración más o menos sustentable al sistema de consumo “más tienes, más feliz eres”. Bajo lo anterior nos suena razonable que quien financiase la educación es quien se beneficie y usufructúe de ella, en este caso el individuo, los estudiantes. Es el individuo el que justifica su inversión particular al posteriormente enriquecerse con la mercancía que está comprando: La educación como mercancía.
Podrían los ingenuos sin duda denunciar que la anterior lógica responde a un crimen de lesa humanidad, una violación directa a los derechos fundamentales de la mujer y el hombre, pero los tercermundistas sabemos que esto de los Derechos Humanos es una mera consigna, burguesa como toda ley universal; que los poderosos definieron como una de tantas formas de expiar sus culpas, la ONU y su pareja de baile el Banco Mundial; esta lectura nos podría llevar a universalismos que, al igual que la lógica criticada, establecería supuestos ahistóricos y desvinculados de nuestra realidad concreta. ¿Dónde quedamos entonces?
El progresivo desarrollo del mercado educacional fue sutilmente desvinculando a la ciudadanía de decisiones que en cualquier estado soberano deben formar parte de un programa de nación. Quien empezó a regular gradualmente los ejes del desarrollo fueron los privados, produciendo indiscriminadamente profesionales desmarcados de las necesidades del país, generando carreras top funcionales a las características de una sociedad de consumo, saturando profesiones, fragmentando disciplinas. El modelo de financiamiento de dicha educación es por lo tanto tan desregulado y barbárico como su producción de beneficiarios, el sistema crediticio se instala como la moneda de cambio de ilusiones e intereses, el porvenir de estas ilusiones nunca fue discutido, el ser profesional hoy NO garantiza el éxito y el costo de esta aventura es casi una pena carcelaria.
De un modelo de baja cobertura y excesivo elitismo hemos pasado a una desregulada oferta de incierto futuro, ¿acaso la excesiva cobertura del sistema educacional chileno no nos podría llevar a una crisis financiera difícil de dimensionar?, ¿Cómo se asegurará el pago de un sistema educacional que no garantiza la empleabilidad de sus usuarios? Y por otra parte, ¿Quién se beneficiará de esta crisis? La respuesta es la misma de siempre: los privados nuevamente se aprovecharán del Estado, es decir de la ciudadanía en su conjunto, por medio de los impuestos -regresivos y reproductores de inequidad- deberán pagar la deuda de los grandes empresarios y estos a su vez nuevamente se enriquecerán a costa de los más pobres; los grandes perjudicados serán aquella masa de cesantes ilustrados imposibilitados para ejercer en un mercado saturado, el que forzará a competir y reducir el valor de nuestro trabajo: la vieja máquina hacedora de plusvalía se revoluciona a sí misma otra vez.
La solución al problema no radica entonces en la implementación a ciegas de valores universales íconos del pensamiento burgués- sino en cómo desde nuestra particularidad como pueblo podemos hacernos cargo de un problema transversal desde las distintas miradas que otorgan los frentes y sectores en conflicto con el modelo neoliberal. No podemos hacernos cargo entonces de una demanda que no permita en su consecución rebasar los límites de su propia consigna, es decir radicalizarse, siempre es necesario avanzar a un nuevo nivel más amplio, más inclusivo: revolucionario. Esa transversalidad del conflicto es también particular y específica, por ende es necesaria una lectura histórica y coherente de las relaciones en tensión. La reforma universitaria es una propuesta social y política integral, es un movimiento históricamente transversal y una antítesis recurrente de las sociedades coloniales, imperialistas y actualmente neoliberales en Latinoamérica.
La reforma universitaria es un proceso que transforma el sentido de la universidad en su producción investigativa, su vinculación con el medio –extensión –y en su labor docente, se beneficia del libre pensamiento, la discusión y la vanguardia científica, propone ser herramienta de transformación y aporte a las reivindicaciones sociales y políticas de las grandes mayorías pauperizadas por la transnacionalización del capital; el rol de lo público adquiere su sentido en su apropiación por parte de una idea de sociedad, lo que trasforma a la reforma universitaria en un conflicto de clase. Sin duda este es un problema ciudadano y la ciudadanía en su conjunto es la que se tiene que hacer responsable y partícipe.
Un plebiscito nacional es el nuevo paso que debiesen dar los sectores sociales en conflicto con el Estado gobernado por Sebastián Piñera y la derecha empresarial, que garantice el derecho social a la educación enmarcado en un proyecto democrático, un acceso equitativo, una acreditación en función de una política de desarrollo sustentable y un proyecto país que garantice la excelencia y calidad de las instituciones con un irrestricto sentido público. El Estado entonces tiene que responsabilizarse y ser garante de este derecho social bajo el cual los individuos tendrán la posibilidad de desarrollarse integralmente, sin exclusiones ni abusos.
La consigna de la reforma universitaria vuelve a sonar en la mesa de los usurpadores de siempre y su realización es en convergencia con las clases populares y sectores democráticos, antesala del despertar de los pueblos; la reforma es juvenil forjadora del porvenir de Chile.
Enmarcar el debate en las representaciones que la llamada “opinión pública” tiene del conflicto sostenido por el mundo universitario desde hace un tiempo es un buen comienzo para definir los aspectos centrales de la crisis educacional en Chile; síntoma inseparable de los conflictos que en general se desatan en la Chilean way. El proyecto neoliberal ha desencadenado una multiplicidad de heridas que transgreden sin duda alguna los acotados espacios de acción de las políticas públicas emanadas desde un Estado inmerso en la incontrolabilidad frente a un proyecto país...
Y es que la institucionalidad no da a basto; el escenario en el cual se inscribe la lucha de los universitarios rebasa sin duda los márgenes de sus reivindicaciones y plantea problemas que tendrían solución solo en la medida que desde los distintos sectores en conflicto se replanteen cuestiones tan fundamentales como la soberanía nacional, el derecho y el rol de las instituciones públicas en Chile.
El problema de la educación pública se enmarca en un plan de desarrollo para Chile dispuesto por la dictadura militar en 1981 que se denomina “programa de modernización del estado” y este no se limitó a la organización de la economía, sino que contempló también al plan laboral, al régimen previsional, la agricultura, la salud y la educación. El marco de acción de este programa es el neoliberalismo, principio bajo el cual la sociedad se debiese desentender de la figura del derecho como hasta ese entonces se comprendía -un derecho social, público- sino que ponía como eje fundamental el crecimiento de la desregulada economía privada generando, claro está, los niveles de desigualdad e inequidad más grandes en el mundo. La constitución de 1980 cristaliza este concepto.
La crisis de la educación universitaria en nuestro país tiene su génesis en el extrañamiento que el dogmatismo neoliberal provocó en la relación de lo público con lo privado, estos se trastocaron presentándose como contrapuestos y no concibiéndose como aspectos idénticos (cada uno constitutivo en el otro). Desde esta interpretación del rol de la educación superior, las instituciones prestan un servicio que dota al individuo de herramientas para su desarrollo particular, abstrayendo al individuo a un puro “yo” aislado –la ridícula robinsonada dieciochesca que Marx le criticaba a los economistas clásicos –y reduciendo este “desarrollo” a una integración más o menos sustentable al sistema de consumo “más tienes, más feliz eres”. Bajo lo anterior nos suena razonable que quien financiase la educación es quien se beneficie y usufructúe de ella, en este caso el individuo, los estudiantes. Es el individuo el que justifica su inversión particular al posteriormente enriquecerse con la mercancía que está comprando: La educación como mercancía.
Podrían los ingenuos sin duda denunciar que la anterior lógica responde a un crimen de lesa humanidad, una violación directa a los derechos fundamentales de la mujer y el hombre, pero los tercermundistas sabemos que esto de los Derechos Humanos es una mera consigna, burguesa como toda ley universal; que los poderosos definieron como una de tantas formas de expiar sus culpas, la ONU y su pareja de baile el Banco Mundial; esta lectura nos podría llevar a universalismos que, al igual que la lógica criticada, establecería supuestos ahistóricos y desvinculados de nuestra realidad concreta. ¿Dónde quedamos entonces?
El progresivo desarrollo del mercado educacional fue sutilmente desvinculando a la ciudadanía de decisiones que en cualquier estado soberano deben formar parte de un programa de nación. Quien empezó a regular gradualmente los ejes del desarrollo fueron los privados, produciendo indiscriminadamente profesionales desmarcados de las necesidades del país, generando carreras top funcionales a las características de una sociedad de consumo, saturando profesiones, fragmentando disciplinas. El modelo de financiamiento de dicha educación es por lo tanto tan desregulado y barbárico como su producción de beneficiarios, el sistema crediticio se instala como la moneda de cambio de ilusiones e intereses, el porvenir de estas ilusiones nunca fue discutido, el ser profesional hoy NO garantiza el éxito y el costo de esta aventura es casi una pena carcelaria.
De un modelo de baja cobertura y excesivo elitismo hemos pasado a una desregulada oferta de incierto futuro, ¿acaso la excesiva cobertura del sistema educacional chileno no nos podría llevar a una crisis financiera difícil de dimensionar?, ¿Cómo se asegurará el pago de un sistema educacional que no garantiza la empleabilidad de sus usuarios? Y por otra parte, ¿Quién se beneficiará de esta crisis? La respuesta es la misma de siempre: los privados nuevamente se aprovecharán del Estado, es decir de la ciudadanía en su conjunto, por medio de los impuestos -regresivos y reproductores de inequidad- deberán pagar la deuda de los grandes empresarios y estos a su vez nuevamente se enriquecerán a costa de los más pobres; los grandes perjudicados serán aquella masa de cesantes ilustrados imposibilitados para ejercer en un mercado saturado, el que forzará a competir y reducir el valor de nuestro trabajo: la vieja máquina hacedora de plusvalía se revoluciona a sí misma otra vez.
La solución al problema no radica entonces en la implementación a ciegas de valores universales íconos del pensamiento burgués- sino en cómo desde nuestra particularidad como pueblo podemos hacernos cargo de un problema transversal desde las distintas miradas que otorgan los frentes y sectores en conflicto con el modelo neoliberal. No podemos hacernos cargo entonces de una demanda que no permita en su consecución rebasar los límites de su propia consigna, es decir radicalizarse, siempre es necesario avanzar a un nuevo nivel más amplio, más inclusivo: revolucionario. Esa transversalidad del conflicto es también particular y específica, por ende es necesaria una lectura histórica y coherente de las relaciones en tensión. La reforma universitaria es una propuesta social y política integral, es un movimiento históricamente transversal y una antítesis recurrente de las sociedades coloniales, imperialistas y actualmente neoliberales en Latinoamérica.
La reforma universitaria es un proceso que transforma el sentido de la universidad en su producción investigativa, su vinculación con el medio –extensión –y en su labor docente, se beneficia del libre pensamiento, la discusión y la vanguardia científica, propone ser herramienta de transformación y aporte a las reivindicaciones sociales y políticas de las grandes mayorías pauperizadas por la transnacionalización del capital; el rol de lo público adquiere su sentido en su apropiación por parte de una idea de sociedad, lo que trasforma a la reforma universitaria en un conflicto de clase. Sin duda este es un problema ciudadano y la ciudadanía en su conjunto es la que se tiene que hacer responsable y partícipe.
Un plebiscito nacional es el nuevo paso que debiesen dar los sectores sociales en conflicto con el Estado gobernado por Sebastián Piñera y la derecha empresarial, que garantice el derecho social a la educación enmarcado en un proyecto democrático, un acceso equitativo, una acreditación en función de una política de desarrollo sustentable y un proyecto país que garantice la excelencia y calidad de las instituciones con un irrestricto sentido público. El Estado entonces tiene que responsabilizarse y ser garante de este derecho social bajo el cual los individuos tendrán la posibilidad de desarrollarse integralmente, sin exclusiones ni abusos.
La consigna de la reforma universitaria vuelve a sonar en la mesa de los usurpadores de siempre y su realización es en convergencia con las clases populares y sectores democráticos, antesala del despertar de los pueblos; la reforma es juvenil forjadora del porvenir de Chile.
La dirigenta estudiantil sostuvo lo anterior 
