Por Hernán González M., Dirigente Colegio de Profesores de Chile
La magnitud de la movilización de los días 7 y 8 de octubre, días de la consulta, puso de relieve que los chilenos creen en que es posible otro tipo de educación y en la necesidad de proyectar un sistema de educación pública gratuita administrado por el Estado sin intermediarios que se enriquecen a expensas del erario público".
Recientemente, el Colegio de Profesores de Chile por mandato de su Asamblea Nacional, realizó un plebiscito nacional para consultar a la ciudadanía acerca de las soluciones para la crisis del sistema educacional chileno y que está en el origen del grave conflicto por el que atraviesa desde hace varios meses. Con este propósito, la mesa que agrupa a varias organizaciones sindicales, gremiales y ciudadanas, demostró una capacidad de convocatoria y organización que sorprendió al mundo político, a los medios de comunicación, al gobierno y que ha traspasado nuestras fronteras, comentándose en numerosos medios del extranjero.
Llama la atención, sin embargo, la
frialdad con que la noticia es cubierta por medios locales o que en la
conferencia de prensa en que los organizadores se refirieron a sus
resultados parciales, los periodistas locales centraran sus preguntas en
denuncias puntuales sobre la fiabilidad de sus resultados. ¿Cuál es el
tema que se debate? ¿Cuál la noticia? ¿Qué más de un millón de personas
se pronunciaran contra el lucro, la municipalización, a favor de la
gratuidad de la educación y por el plebiscito vinculante? ¿O que votaran
un grupo de ciudadanos españoles en la Plaza de Armas de Santiago?
El ministro Chadwick, el senador Pérez
de la UDI, todo el espectro político conservador de nuestra sociedad se
han encargado de insistir en la improcedencia e ilegitimidad de la
consulta ciudadana, pasando por alto el hecho inédito de que las propias
organizaciones sociales y un amplio segmento de ciudadanos de
diferentes filiaciones políticas, hicieran lo que el Estado de Chile,
representado por el Gobierno y el Parlamento se niegan siquiera a
considerar. Mientras el Gobierno, según las encuestas, va en caída libre
en sus niveles de respaldo, y el Parlamento es uno de los poderes del
Estado peor evaluados por la ciudadanía, ministros y políticos de
derecha acusan a la iniciativa de las organizaciones sociales de ser
poco representativa o en el mejor de los casos, de ser poco seria. Es el
mundo al revés.
Su preocupación es que la ciudadanía,
una ciudadanía activa y consciente –no la ciudadanía formal y estrecha
de quienes están inscritos en los registros electorales-, se pronuncia
traspasando incluso los límites de la asfixiante institucionalidad
política de la Constitución de Pinochet, acerca de una cuestión
esencial para el desarrollo del país. La hegemonía cultural de los
liberales se empieza a trizar. De dos maneras. En primer lugar, porque
el pueblo se pronuncia en sentido contrario a lo que se ha hecho
persistentemente desde hace veinte años y que en todo este tiempo
parecía, o a lo menos era hecho aparecer, por los liberales de diverso
signo, como lo único posible.
Los valores propios de una sociedad de
mercado, la competencia como factor de progreso individual y social; el
mercado como asignador de bienes y servicios; la privatización como
mecanismo que promueve el emprendimiento individual y que va en
beneficio, supuestamente, de la colectividad, al menos ya no son
asimilados por la población como algo obvio e incuestionable. La sola
realización del plebiscito, su masividad y en la medida que se van
conociendo, sus resultados así lo demuestran.
Eso en el caso de los partidos de la
Concertación de Partidos por la Democracia, es objeto de un acalorado
debate. La magnitud de la movilización de los días 7 y 8 de octubre,
días de la consulta, puso de relieve que los chilenos creen en que es
posible otro tipo de educación; en la necesidad de un sistema de
educación pública gratuita administrado por el Estado sin intermediarios
que se enriquecen a expensas del erario público –entre ellos los
banqueros-, que usan la educación pública como herramienta de
clientelismo político, que aumentan la burocracia y que es caldo de
cultivo para los conflictos de interés. La ciudadanía se expresó en base
a cuatro sencillas y directas preguntas a favor de una reforma
estructural y no de más pequeñas regulaciones.
En segundo lugar, la hegemonía de los
liberales se hace trizas cuando los mismos sectores de derecha
presuntamente liberales, defienden a troche y moche la obra de la
dictadura militar y se muestran escandalizados por que un grupo de
ciudadanos tome en sus manos aquello para lo que el Estado se ha
mostrado incapaz –por falta de voluntad política, por oportunismo, por
miopía o por lo que sea-. En este caso, para estos curiosos liberales,
el Estado es sacrosanto. Es más, se oponen a que la ciudadanía se
pronuncie, participe y como si no fuera poco, dicen que van a avanzar en
su agenda le pese a quien le pese. Ello, buscando grandes “acuerdos
nacionales” con los partidos de la concertación que tienen incluso menos
respaldo que Piñera. Bueno, como dice el viejo y conocido refrán “no
falta un roto para un descocido”.
Nunca hubo liberales en la derecha ni
nunca los habrá. El liberalismo es hermano putativo del autoritarismo.
La privatización de las relaciones sociales desdeña la acción del
Estado, reduce la sociedad civil a una sociedad de consumidores
degradando lo público y convirtiendo la política en una técnica propia
de especialistas, pero en ningún caso en una cuestión de los ciudadanos.
La única respuesta de los liberales a la acción de las organizaciones
sociales, estudiantiles y sindicales, al ejercicio soberano de una
auténtica ciudadanía, es la represión de las libertades públicas, como
lo demuestra la Ley antitomas anunciada con bombos y platillos por un
liberal como Hinzpeter, flanqueado por varios representantes de la
derecha conservadora.
Es impresionante desde todo punto de
vista, que un grupo de organizaciones sindicales, contando con el apoyo
de estudiantes –entre ellos, los más entusiastas, los de la enseñanza
media-, de pobladores, apoderados, alcaldes de oposición y miles de
personas a lo largo de todo el país, hayan realizado este plebiscito.
Resulta impresionante, por cierto, que miles de chilenos hicieran colas
en las mesas que se instalaron en plazas, escuelas, consultorios,
reparticiones públicas, para expresar su opinión a través del voto en la
consulta.
Pero lamentablemente es más
impresionante el silencio de los medios de comunicación masivos; la
tozudez del gobierno y las grotescas confusiones que campean en el campo
opositor, con excepción de la izquierda. De todas maneras, es evidente
que lo que empezó como un movimiento estudiantil, se ha transformado en
un movimiento nacional de protesta social, que ya nada va a detener. El
escenario de la disputa además, cambió. La calle seguirá siendo
fundamental. La consulta directa al pueblo también; el ejercicio crítico
de la ciudadanía ante la intrascendencia a la que ha arrastrado la
Constitución pinochetista a nuestra institucionalidad política, como no
sea para asegurar las ganancias de los empresarios o la mantención del
orden público.
El escenario ahora no se define por la
demanda corporativa. La reforma estructural, sólo se va a conseguir en
la medida que la formidable fuerza de la movilización que se ha
expresado de muchas maneras de paso a la conformación de un potente
movimiento opositor que sintetice la acción del movimiento social con la
acción política de los partidos políticos opositores; las
organizaciones sindicales, de derechos ciudadanos, culturales y de
género con las organizaciones estudiantiles; la acción de masas con la
lucha parlamentaria; la denuncia de los resultados de la receta
neoliberal con la propuesta de alternativas para la construcción de una
educación y una sociedad diferente.
Sólo entonces, probablemente podremos
empezar a decir adiós a la transición, a superar la actual crisis de
legitimidad de nuestro sistema político y a construir una auténtica
democracia.
